Considera muy positiva la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero advierte que algunas medidas recogidas en el Anteproyecto de Ley perjudican a los ciudadanos y pueden incumplir la normativa europea.

Madrid, 29 de Junio de 2009. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha hecho pública su valoración global del Anteproyecto de Ley General de la Comunicación audiovisual, aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros del pasado 26 de junio.

La Asociación considera positivo que, finalmente, el Gobierno haya sacado adelante un proyecto cuyo carácter global estaba viéndose menguado por la aprobación de diferentes medidas parciales que afectan, entre otros aspectos, a los acuerdos entre cadenas, a la TDT de pago o a la financiación de la televisión pública estatal.

En su valoración, AUC destaca también como positiva la clarificación del marco regulador de la TDT, de la televisión en movilidad y de la alta definición, y, muy especialmente, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la incorporación de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales que el Gobierno debía trasponer antes de fin de año.

En relación al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Asociación muestra su satisfacción con una propuesta de órgano independiente del Gobierno, con capacidad sancionadora y con consejeros elegidos por amplia mayoría parlamentaria. También se congratula de la previsión de un Comité Consultivo que supondrá la participación en el mismo de los diferentes agentes sociales involucrados, incluidos los espectadores, una antigua reivindicación de AUC de la que el Gobierno se ha hecho eco.

Por lo que se refiere a la Directiva de servicios de medios audiovisuales, AUC entiende que lo escueto de su apartado transpositivo dota de una especial relevancia a lo señalado en la norma comunitaria, que adquiere así un gran peso como fuente de interpretación de la nueva Ley.

En este aspecto, sin embargo, AUC se muestra muy crítica con tres aspectos concretos:

• Las medidas de protección del menor, que por un lado recogen las reivindicaciones de las organizaciones sociales pero por otro permiten la emisión de contenidos pornográficos y de violencia gratuita en abierto, en contra del criterio existente en la mayoría de países europeos y de lo ya legislado en varias Comunidades Autónomas.


• La restricción temporal a los contenidos publicitarios, que deja un gran margen para la emisión de telepromociones y de otros formatos promocionales. Extraña que en un aspecto en el que España ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia por incumplir la anterior Directiva, se plantee una regulación que aumentará aún más la saturación de comunicaciones comerciales en las cadenas.


• El amplio margen de impunidad con el que se quiere beneficiar a las televisiones en caso de incumplimiento de la normativa publicitaria, eliminando las competencias de la autoridad audiovisual y dejando como única vía de actuación la judicial. Ello menoscaba la eficacia del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y seguramente incumple también la propia Directiva comunitaria.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación espera que estos aspectos puedan ser subsanados tanto en la fase de informes como, en su caso, durante el trámite parlamentario de la nueva Ley.