Desde el pasado 1 de enero, Televisión Española cambiaba su rumbo e historia hacia una nueva televisión pública sin publicidad. Sin embargo a pesar de que este cambio parecía ya un hecho, poco más de mes y medios después y tras los últimos acontecimientos se ha generado un panorama de incertidumbre al respecto.

Contra todo pronóstico, la decisión tomada desde Bruselas ha dejado en absoluto jaque los planes del Gobierno al ver paralizado el nuevo modelo de financiación de RTVE por parte de la propia Comisión Europea, según adelantaba el diario Expansión.

En su comunicado, la Dirección General de la Competencia ha trasmitido y advertido al Ejecutivo español la inviabilidad de este sistema de financiación ya que según las normativas europeas para este fin, no pueden ser utilizados los fondos que se recauden por los nuevos impuestos de las empresas de telecomunicaciones y las televisiones privadas para la financiación y funcionamiento de este organismo público.

A pesar que desde Bruselas, no se oponen a la modificación del sistema de financiación como tal, según la notificación publicada por el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión notifica a España que “no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (la Ley de Financiación de RTVE) hasta que se haya adoptado una decisión final” por parte del Ejecutivo comunitario.

Sumado a ello, la propia Comisión Europea sostiene además que “tiene dudas sobre si los nuevos impuestos son compatibles con el Tratado” coincidiendo con diversas fuentes jurídicas que señalan que existen ciertas dudas acerca de la legitimidad del Ejecutivo para recaudar estos fondos.

La respuesta y decisión del gobierno se enfrenta así a un problema que no parece tener una fácil solución a corto plazo a pesar de esta clara advertencia sobre la cual la CE ha resaltado las posibles consecuencias y la amenaza de que si estos impuestos son utilizados para financiar a RTVE, puede acabar obligando a la corporación estatal a devolver al Estado los fondos recibidos.

La notificación de Bruselas crea ahora una situación de fuerte incertidumbre acerca de la capacidad del Gobierno para cobrar a operadoras de telecomunicaciones y cadenas de televisión los nuevos impuestos aprobados, puesto que la Ley de Financiación establece que estos impuestos se crean con el fin de financiar a la cadena pública y para ello la Comisión ha dado un periodo de tiempo de un mes para que puedan presentarse las pertinentes alegaciones.

Este nuevo panorama sin duda resultaría una gran noticia para las televisiones privadas y empresas de telecomunicaciones que podrían finalmente quedar exentas de este nuevo impuesto.