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Por Redacción - 30 Mayo 2016
La unión hace la fuerza. Eso debieron pensar cinco agencias de publicidad españolas cuando decidieron pactar precios en la venta de anuncios institucionales. El problema es que ahora están siendo investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, después de detectar ese posible engaño al Estado.
Como informa El Mundo, ese pacto se habría producido con una campaña de la Administración General del Estado, cuyo concurso contaba con unas exigencias que dejaban fuera a la mayoría de las agencias, por lo que solo podían presentarse las empresas más grandes, como Media Sapiens Spain, Carat España, Persuade Comunicación y Optimedia, que son algunas de las agencias que están siendo investigadas.
De hecho, debido a los indicios de la realización de acuerdos competitivos, Competencia solicitó a dos juzgados contencioso una orden de registro, que además, según publica Voz Populi, habrían avisado "por error" a las agencias interesadas, para que pudieran limpiar y organizar sus papeles. Las pesquisas todavía están en su fase inicial, y queda por comprobar si todas las agencias que se presentaron pactaron los precios, o alguna se negó a hacerlo.
En todo caso, los investigadores habrían entrado ya en todas esas agencias, para requisar información y copiar archivos informáticos que puedan ser relevantes para el caso. Ahora solo queda investigar todo lo requisado para comprobar si las sospechas son ciertas y si existe realmente un cártel entre las grandes agencias. Por delante queda un largo proceso, ya que, de confirmarse las sospechas, habría seis meses de plazo para abrir un expediente sancionador que, a su vez, podría tardar hasta 18 meses en resolverse en un sentido o en otro.
La Administración es un cliente que nadie quiere perder
Aunque la competencia estaba restringida por las propias condiciones del concurso, lo cierto es que las agencias participantes también podrían salir perjudicadas, porque las condiciones del contrato no eran especialmente ventajosas. Al mismo tiempo, la Administración es un cliente que ninguna gran agencia querría perder, y por eso habrían pactado entre todas una estrategia común.
Hay que tener en cuenta que el sistema está montado para que las agencias compitan a la baja por las adjudicaciones, lo que hace el reparto pactado entre estas una solución muy comprensible, especialmente en contratos tan grandes que pueden acabar siendo una manzana envenenada cuando se tiran demasiado los precios.
Así, lo que se sospecha desde Competencia es que las empresas pudieron reunirse y pactar qué ofertas iban a realizar para esa importante campaña de publicidad institucional (destinada a prensa, radio y televisión). La cantidad de ese concurso era de 88 millones de euros para un período de dos años prorrogables.
El organismo regulador de la competencia ya había advertido hace tiempo de los problemas que suponían las condiciones públicas para que las agencias pudieran entrar en el concurso, como la restricción de que las compañías facturasen al menos 600.000 euros anuales (lo que dejaba a la mayoría fuera) o que se limitase el número de adjudicatarios seleccionados a cinco, lo que hacía más fácil crear cárteles publicitarios y pactos de cualquier tipo.
