PuroMarketing

El Gobierno acaba de aprobar en el consejo de ministros el impuesto, que gravará a los gigantes de la red con más impuestos

No era exactamente una novedad, porque el gobierno ya había anunciado sus planes a principios del año pasado (y se habían quedado congelados con las elecciones de por medio), pero ahora el consejo de Ministros la ha aprobado. La conocida como "tasa Google", aunque su nombre real es impuesto sobre determinados servicios digitales (ISDI), acaba de ser aprobada. España se suma así a otros países, como Francia, Italia, Alemania y Hungría, que cuentan con una tasa especial para la red y que busca recaudar impuestos sobre las grandes compañías de internet.

La tasa Google quiere, en esencia, recaudar por la actividad de los grandes gigantes online (no solo Google, sino también Facebook o Amazon), que tienen una presencia muy importante en el mercado, mueven grandes cantidades de dinero y que, sin embargo, pagan bajos impuestos (gracias a técnicas de ingeniería fiscal).

Según explican en la nota de prensa del ministerio de Hacienda: "El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios".

La tasa les obliga a pagar un 3% de los ingresos que generan en España como impuestos, algo a lo que estarán obligados los players que se dediquen a intermediación, venta de datos o publicidad online y que facturen en todo el mundo más de 750 millones de euros o más de 3 en España.

Según explican en la web del ministerio de Hacienda, estas cifras son "unos umbrales objetivos que evitan un impacto en las pymes". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el país "no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado" y que con esto se ajustan a los cambios que ha traído la red y el siglo XXI.

El gobierno estima que recaudarán unos 968 millones de euros gracias a esta tasa, que las empresas tendrán que liquidar de forma trimestral y que no empezarán a recaudar hasta finales de este año. Según señalan desde el ministerio en su comunicado, con ello quieren dar "mayor margen en las negociaciones a nivel internacional" y para dar igualmente facilidades de adaptación a las empresas que se verán obligadas a cumplir con esta nueva obligación legal.

El lobby estadounidense

El mayor margen de negociaciones es un punto clave, porque los movimientos que han hecho otros países ya han demostrado que la aplicación de este tipo de normativas levanta una polvareda. Francia ya lo ha visto.

Tras la aprobación del impuesto GAFA en Francia, Estados Unidos amenazó con subir los impuestos en aranceles para los productos franceses. En algunos productos, el impuesto podría incluso llegar a ser el 100% de su valor, como señalaban hace unos meses en Le Monde. Con ello, EEUU actuaba como lobby de presión defendiendo los intereses de los gigantes de la red (que son empresas estadounidenses) y replicaban lo que ya habían hecho en la guerra comercial con Airbus en el mercado de la aviación. El responsable de comercio estadounidense, Wilbur Ross, señalaba en diciembre que "Europa no tiene verdaderamente líderes de alta tecnología. Hay muchos celos".

A pesar de la posición estadounidense, es más que probable que más países sigan los pasos de Francia. La Unión Europea ha estado trabajando en una normativa similar, aunque sin consenso entre los países miembros, hasta Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, ha señalado que apoya una reforma fiscal, aunque siguiendo los trabajos en esa dirección que está haciendo la OCDE, incluso si eso supone que su compañía tendrá que pagar más impuestos.

Facebook ha sido una de las voces críticas de la GAFA francesa, pero reconoce, en palabras de Zuckerberg, que comprende la frustración europea en término de impuestos. La OCDE trabaja en dirección a crear un marco en el que los países puedan imponer impuestos vinculados a la actividad que las empresas realizan en ellos y no solo a su presencia como sociedad en el mismo (que es, al final y en cierto modo, lo que han impuesto la tasa Google o la ley GAFA francesa).

Críticas contra la normativa española

En España, las voces críticas contra la normativa han llegado desde varios frentes.

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha sido una de ellas. Adigital señala en su nota de prensa que "advierte de las duras consecuencias para la economía española que se derivarán su aplicación unilateral" y que considera que la ley hará perder competitividad a las empresas españolas, que paralizará la inversión en España y que funcionará "aislando a España del contexto digital global". Según sus conclusiones, la normativa tendrá un efecto negativo a largo plazo en consumidores y empresas.