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Trusted Shops, sello de calidad líder en Europa para la compra online segura, analiza el proyecto de reforma de la Ley General de Consumidores y Usuarios, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre. 


Este proyecto adaptará la normativa española sobre comercio electrónico a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores. La reforma será debatida en el Parlamento, tendrá que ser aprobada antes del 13 de diciembre de 2013 y entrará en vigor a partir del 13 de junio de 2014.

La nueva normativa supondrá un aumento del nivel de protección de los consumidores y la armonización del derecho a la venta a distancia de los Estados Miembros. Entre otras medidas se ha fijado en 14 días naturales el plazo para desistir de un contrato y se dota al comprador de nuevos derechos en cuanto al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, así como se prohíbe cargar tasas ocultas en una compra. 

La Directiva 2011/83/UE tiene por objetivo la creación de un mercado europeo de la venta a distancia. Para ello, es necesario que los consumidores europeos confíen en que sus derechos van a ser respetados, con independencia de si realizan una compra online nacional o transfronteriza. “En el trámite parlamentario se debería considerar la introducción de un sistema sancionador conforme a las directrices europeas puesto que el proyecto de ley establece que los Estados miembros han de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que garanticen su cumplim iento”, asegura Rafael Gómez-Lus experto legal de Trusted Shops para España.

Las asociaciones de consumidores han insistido en la necesidad de introducir sanciones que disuadan de posibles incumplimientos. “Hay mucha legislación de consumo en España, pero falla el control. Si no hay multas disuasorias, estas leyes no sirven para nada” afirma Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.  “En otros países europeos, como Alemania o Polonia, se aplican eficaces mecanismos sancionadores por incumplimientos de la normativa de consumo. El legislador español, podría haberse beneficiado de la experiencia acumulada por otros paíse s europeos en este campo.” añade Gómez-Lus.

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