Por Redacción - 20 Enero 2026
La postura de las grandes corporaciones tecnológicas frente a la legalidad vuelve a situarse bajo el foco tras las severas declaraciones emitidas por la Comisión del Juego del Reino Unido. En un discurso pronunciado este 19 de enero de 2026 durante la feria comercial ICE en Barcelona, el director ejecutivo del organismo regulador, Tim Miller, ha acusado directamente a Meta Platforms de ignorar deliberadamente la proliferación de anuncios de casinos ilegales en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Según el directivo, la compañía propietaria de estas plataformas parece haber adoptado una actitud de permisividad que facilita la entrada de ingresos provenientes de actividades criminales, bajo la excusa de una supuesta falta de conocimiento técnico sobre lo que ocurre en sus propios sistemas publicitarios.
El núcleo de la crítica radica en la contradicción entre el sofisticado potencial tecnológico de Meta y su aparente inacción ante contenidos que vulneran de forma flagrante la normativa británica.
Miller enfatizó que cualquier usuario habitual de estas redes sociales puede encontrarse con publicidad de casinos en línea que operan fuera del marco legal. Lo más preocupante para las autoridades es que gran parte de estos sitios promocionados no forman parte de GamStop, el sistema oficial de autoexclusión del Reino Unido diseñado para proteger a personas vulnerables con problemas de ludopatía. Al permitir este tipo de publicidad, las plataformas no solo estarían incumpliendo normativas administrativas, sino que estarían desmantelando activamente las redes de seguridad social construidas para prevenir el daño derivado del juego compulsivo.
Desde la perspectiva del regulador, la defensa tradicional de Meta, basada en que eliminan el contenido una vez que son notificados de su existencia, resulta insuficiente y, en palabras de Miller, sencillamente falsa. El argumento es contundente al señalar que Meta posee una biblioteca de anuncios con capacidad de búsqueda donde se puede filtrar fácilmente publicidad mediante palabras clave específicas, como aquellas que promocionan sitios sin vinculación a GamStop. Si un ciudadano o un funcionario estatal puede identificar estas infracciones con una búsqueda manual básica, resulta inverosímil que una de las empresas de tecnología más avanzadas del planeta sea incapaz de automatizar la detección de estos patrones. Esta situación sugiere una decisión consciente de no intervenir para no comprometer los flujos de ingresos publicitarios, independientemente de su origen ético o legal.
La gravedad de estas acusaciones se entrelaza con investigaciones previas que indican que este no es un incidente aislado o geográficamente limitado.
Informes recientes sugieren que Meta ha enfrentado desafíos similares en otros mercados internacionales, donde la moderación de anuncios de apuestas parece ajustarse más a cálculos de rentabilidad que a compromisos reales de cumplimiento normativo. En el Reino Unido, la frustración del regulador es evidente al constatar que el progreso en las conversaciones con la tecnológica ha sido limitado. Esta falta de cooperación proactiva sitúa a la corporación en una posición delicada, enfrentándose a la percepción pública y regulatoria de ser una entidad que prefiere gestionar las posibles multas como un coste operativo más, en lugar de sanear sus canales de distribución de contenido comercial para proteger a los usuarios.
Este escenario plantea una interrogante profunda sobre la responsabilidad social de las plataformas que actúan como guardianes del discurso digital y el comercio electrónico. Mientras el Reino Unido endurece sus políticas para combatir la criminalidad financiera y proteger la salud pública, la fricción con los gigantes de Silicon Valley parece intensificarse. La exigencia de la Comisión del Juego es clara, ya que demandan que se utilicen las herramientas de inteligencia artificial y filtrado de palabras clave para detener este flujo de publicidad ilícita de forma inmediata. La inacción continuada no solo erosionaría la confianza en el ecosistema publicitario digital, sino que obligaría a las autoridades a considerar medidas legislativas o sanciones económicas de una magnitud capaz de forzar un cambio de comportamiento en la gestión de sus algoritmos publicitarios.
