Por Redacción - 8 Septiembre 2025
La Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) del Reino Unido, el organismo de control que vela por la veracidad de la publicidad en la nación, se encuentra en el centro de una polémica tras ser señalada de incumplir los mismos principios que promueve. Un consorcio de grupos activistas ha interpuesto una queja formal, argumentando que la campaña promocional del propio regulador contiene afirmaciones engañosas y carece de la precisión que exige a los demás. Esta situación plantea una profunda ironía, forzando un debate sobre los límites de la autoridad y la transparencia en una era de escrutinio constante.
La campaña de la ASA, renovada en julio de este mismo año, ha sido visible en todo el territorio británico.
Su propósito es resaltar el rol del organismo en la regulación publicitaria, empleando eslóganes conocidos para captar la atención del público. La esencia de su mensaje se centra en la afirmación de que regulan los anuncios “en todos los medios” y “dondequiera que se vean o se escuchen”. Sin embargo, es precisamente esta declaración la que ha provocado la reacción de los grupos Badvertising, New Weather Institute y Adfree Cities. Según su queja, la afirmación de la ASA es una generalización que induce a error. Alegan que la autoridad del organismo no es total y existen claras excepciones, como la publicidad en escaparates, en los puntos de venta, en determinadas zonas de los aeropuertos o en las vallas publicitarias durante eventos deportivos televisados. La esencia de su reclamo es que la entidad encargada de mantener altos estándares de veracidad y honestidad debería, ante todo, sujetarse a ellos.
La respuesta de un portavoz de la ASA ha sido una defensa matizada de su postura. El argumento principal sostiene que su campaña declara que regulan la publicidad en “todos los medios”, lo que es distinto a decir que regulan “todos los anuncios”. Se explicó que, al igual que cualquier otro organismo regulador, su mandato tiene puntos de inicio y finalización bien definidos, y la comunicación de su alcance al público general se ha diseñado para ser accesible sin caer en tecnicismos excesivos. La paradoja inherente a esta situación se agrava al conocer que, según el mismo portavoz, no sería apropiado que la ASA investigara una queja interpuesta en contra de su propia campaña, lo que de facto deja a esta acción sin un mecanismo de investigación formal dentro del sistema. Aunque los propietarios de medios tienen la potestad de rechazar la publicidad de la ASA si consideran que viola el código publicitario, la decisión final recae en ellos, lo que no satisface la demanda de una rendición de cuentas.
Este incidente refleja una tensión creciente entre la labor de las instituciones de control y las expectativas de la sociedad civil.
Los grupos que han alzado la voz contra la ASA no son meros observadores. Son activistas con una clara agenda: abogan por una prohibición total de categorías de anuncios que consideran perjudiciales, como la publicidad de juegos de azar y la comida no saludable. Su ideal es ver la ASA reemplazada por una entidad de control con estatus legal que posea un mayor poder y alcance, que no dependa de la autorregulación. La denuncia de hoy, 8 de septiembre de 2025, no solo expone una supuesta inconsistencia en la campaña de la ASA, sino que también sirve como una táctica para avanzar en una conversación mucho más amplia sobre el futuro de la regulación publicitaria y la necesidad de una supervisión que sea indiscutiblemente imparcial y exhaustiva.
El caso subraya un dilema fundamental: la confianza pública en los reguladores se construye sobre su capacidad para ser ejemplares. Si el guardián de las normas es percibido como el primero en doblegarlas, aunque sea por una cuestión de interpretación, la credibilidad de todo el sistema podría verse erosionada. El incidente invita a una reflexión más profunda sobre la idoneidad de los modelos de autorregulación en la industria publicitaria. La queja es, en esencia, un desafío directo no solo a la campaña publicitaria de la ASA, sino a su propia estructura y la autonomía con la que opera. En este sentido, la batalla por la verdad publicitaria se ha vuelto una lucha por la definición misma de la autoridad que la protege. La reacción de la ASA y la posible escalada del conflicto podrían establecer un precedente sobre cómo se deben comunicar y aplicar los estándares de la industria, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre los reguladores, la industria y los consumidores.
