Por Redacción - 13 Noviembre 2025
El pulso entre la Comisión Europea y las grandes corporaciones tecnológicas ha entrado este jueves, 13 de noviembre de 2025, en una fase decisiva. Bruselas ha lanzado una investigación formal contra Google, subsidiaria de Alphabet, por indicios de que la compañía podría estar manipulando sus resultados de búsqueda para penalizar o suprimir el contenido patrocinado de los medios de comunicación y otros editores.
Este movimiento supone un nuevo y significativo frente legal que se abre apenas dos meses después de que el Ejecutivo comunitario impusiera al gigante de Mountain View una multa multimillonaria por abusos en el sector de la tecnología publicitaria, demostrando la firmeza europea en reconfigurar el mercado digital. La acusación central se articula bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), un reglamento diseñado específicamente para garantizar que las grandes plataformas actúen como guardianes justos y ofrezcan un acceso equitativo a sus servicios a terceros.
La preocupación comunitaria radica en la sospecha de que el buscador hegemónico identifica de manera sistemática y discriminatoria ciertos contenidos patrocinados, una fuente de ingresos legítima y vital para la supervivencia de la prensa, catalogándolos internamente como correo basura o spam. Esta práctica se traduce en la relegación de estos artículos y noticias en las páginas de resultados, lo que afecta drásticamente a su visibilidad y, consecuentemente, a la capacidad de los medios para monetizar su producción informativa. Para los editores, la dependencia del tráfico que canaliza el motor de búsqueda de Google es ineludible, creando una situación de desequilibrio estructural donde la plataforma, que actúa como puerta de acceso principal a internet, tiene la potestad de determinar unilateralmente la viabilidad económica de las organizaciones periodísticas. La vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha sido clara al señalar la necesidad de asegurar que las políticas del gigante tecnológico no impidan que los medios sean tratados de forma justa y no discriminatoria.
La defensa de la viabilidad periodística ante el dominio tecnológico
La batalla legal que se inicia ahora tiene profundas implicaciones que trascienden el mero cumplimiento normativo. Lo que está en juego es la diversidad y la calidad del periodismo europeo. Históricamente, el contenido patrocinado o las alianzas comerciales con anunciantes representan un pilar financiero para mantener estructuras editoriales robustas e independientes. Al presuntamente interferir en la exposición de este tipo de contenido, Google no solo contravendría la DMA, que exige condiciones de acceso "justas, razonables y no discriminatorias", sino que también socavaría el modelo de negocio de miles de cabeceras, desde pequeños medios locales hasta grandes grupos internacionales. Esta acción coercitiva de facto obliga a los editores a repensar cómo equilibrar la generación de ingresos con la necesidad de mantener su contenido visible en la plataforma dominante, colocando a la prensa en una posición de vulnerabilidad extrema.
La apertura de esta investigación subraya la estrategia europea de utilizar la DMA como una herramienta preventiva y correctiva mucho más contundente que las anteriores normativas de competencia. Mientras que las multas tradicionales (como la sanción de septiembre de 2025 por 2.950 millones de euros por abuso en el mercado adtech) castigan el comportamiento pasado, la DMA permite a Bruselas imponer soluciones estructurales que obliguen a la desinversión o la venta de partes del negocio si se demuestran incumplimientos sistémicos. Este nuevo expediente sancionador, centrado en cómo Google gestiona su producto estrella —la búsqueda— y su relación con los medios, podría llevar a una reestructuración forzosa que altere significativamente el funcionamiento de la publicidad digital en el continente. El riesgo de una nueva multa, que podría ascender hasta el 10% de la facturación global de Alphabet, añade una presión económica considerable a la ya existente vigilancia regulatoria.
Consecuencias de la escalada regulatoria y el futuro digital
La respuesta de Google a estas continuas acciones regulatorias ha sido, hasta la fecha, la defensa de sus políticas como necesarias para garantizar la calidad y la relevancia de sus resultados, argumentando que la identificación de ciertos contenidos busca combatir prácticas engañosas o de baja calidad, es decir, el spam. No obstante, la Comisión Europea ha encontrado motivos suficientes para dudar de la objetividad de estos algoritmos, especialmente cuando afectan directamente a la capacidad de sus competidores y socios comerciales para generar ingresos.
Esta investigación formal otorga a la Comisión un plazo máximo inicial de doce meses para emitir una decisión, si bien estos procesos suelen extenderse. Lo fundamental, más allá del tiempo, es el mensaje que Bruselas transmite a la industria: la era de la autorregulación unilateral de los gigantes tecnológicos en Europa ha terminado. Los responsables políticos comunitarios han dejado claro que la Ley de Mercados Digitales no es un texto legal simbólico, sino un mecanismo activo que utilizarán con todas sus consecuencias para asegurar que la innovación y el libre comercio se desarrollen sin la sombra del dominio monopolístico. Las decisiones que se tomen en esta investigación sobre el trato al contenido patrocinado moldearán el futuro financiero de la prensa y sentarán un precedente crucial sobre hasta qué punto puede un motor de búsqueda decidir qué información o qué negocios tienen derecho a ser visibles para el ciudadano europeo. La vigilancia sobre el cumplimiento de la DMA se convierte así en una prioridad política y económica de primer orden, buscando reequilibrar la balanza del poder digital en favor de los editores y, en última instancia, del público.
