La incertidumbre dispara los riesgos reputacionales de las empresas en España

La reputación corporativa se consolida como el activo más precario de las compañías españolas, un capital social que se erosiona a una velocidad sin precedentes ante un contexto de incertidumbre permanente que ha dejado de ser una anomalía para convertirse en la norma.

Los datos del informe Antifragilidad: Análisis de Riesgos Corporativos en España, elaborado por LLYC, exponen una cartografía detallada de esta vulnerabilidad, identificando la asombrosa cifra de 137 riesgos reputacionales que impactan directamente en la legitimidad social y la licencia para operar de las empresas. El análisis, que ha rastreado la conversación pública examinando más de 3,2 millones de mensajes en X referidos a cerca de 3.000 compañías durante un año y medio, subraya cómo la conjunción de la disrupción tecnológica, la crisis climática, las tensiones geopolíticas y la presión regulatoria actúa como un acelerador de la desconfianza. En esta nueva realidad, lo que hace poco se gestionaba internamente como un mero problema operativo se viraliza en cuestión de horas en las redes sociales, trascendiendo la esfera de la empresa particular para cuestionar la fiabilidad y las prácticas de sectores enteros de la economía nacional.

La triada de la desconfianza contribución integridad y credibilidad bajo lupa

La conversación crítica en torno al tejido empresarial español se concentra de manera alarmante en tres dimensiones capitales, que actúan como el epicentro de la fragilidad reputacional. La más afectada es la Contribución, acaparando un significativo 28,4% de los mensajes negativos. En este ámbito, los ciudadanos cuestionan la sinceridad y el verdadero avance de las empresas en materias fundamentales como la sostenibilidad, la cohesión social, la calidad del empleo y el compromiso real con la transición energética. Existe una demanda creciente de hechos tangibles que superen la mera retórica, exigiendo que las promesas corporativas se traduzcan en un impacto positivo verificable en la sociedad.

Le sigue muy de cerca la dimensión de Integridad, responsable del 27% de la conversación adversa. Este plano se ve continuamente sacudido por la aparición de denuncias de corrupción, irregularidades éticas y faltas a la probidad, minando la moral del público y alimentando la percepción de que la falta de ética es sistémica. La tercera columna de la desconfianza es la Credibilidad, con un 23,4% de menciones críticas, una dimensión que se ve doblemente señalada. Por un lado, por factores macroeconómicos y políticos incontrolables, como la inestabilidad política o la volatilidad de los precios, y por otro, por fallos internos de gestión que ponen en tela de juicio la capacidad de la compañía para cumplir con lo prometido, como los problemas logísticos o las caídas de sistema que afectan directamente al cliente. En un segundo plano, aunque no por ello menos importantes, se sitúan la Transparencia (11%) y la Imagen (10,2%), completando el mapa de los puntos de fricción con la sociedad.

Sectores críticos bajo la lupa el transporte y la energía como puntos sensibles

El informe no solo identifica los riesgos de forma transversal, sino que también lanza una advertencia específica sobre la exposición aguda de determinados sectores que se hallan en el punto de mira constante de la opinión pública. Los sectores de transporte y logística son un ejemplo paradigmático de esta fragilidad. La percepción de mala gestión y la falta de claridad en la resolución de incidentes ferroviarios se ha enquistado, convirtiendo cada retraso o incidencia en una prueba visible y amplificada de la ineficiencia. La desconfianza ciudadana se magnifica ante la falta de una comunicación resolutiva y empática, escalando los problemas operativos a la categoría de crisis de fe en el servicio.

En el sector energético, la vulnerabilidad se manifiesta a través de la fragilidad de las infraestructuras críticas ante los fenómenos extremos. Incidentes como el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 o los efectos directos del cambio climático han puesto en evidencia la necesidad imperiosa de planes de prevención y resiliencia más robustos. La conversación social cuestiona la preparación de estas compañías para garantizar la continuidad del suministro en un clima cada vez más extremo, demandando una inversión más decidida en seguridad y anticipación.

Antifragilidad la nueva exigencia para la gestión corporativa

La lección principal que emerge del análisis es que la gestión del riesgo reputacional exige un cambio de mentalidad, una transición de la mera reacción ante la crisis a una cultura de la antifragilidad que transforme la presión social en una oportunidad para reforzar la legitimidad. La incertidumbre ya es un factor sistémico, con riesgos que mutan constantemente, pero que convergen con idéntica intensidad en el cuestionamiento de la legitimidad social de la compañía. La confianza, un bien preciado, se pierde más rápido que nunca, pues cualquier fallo —ya sea ético, operativo o ambiental— se interpreta de forma inmediata como un síntoma de ineficiencia que salpica a la totalidad del sector.

La antifragilidad se presenta, por tanto, como la nueva competencia crítica para la supervivencia y el crecimiento. Esto implica, en primer lugar, anticipación basada en datos para identificar vulnerabilidades antes de que exploten. En segundo término, exige la integración de la gestión de riesgos en absolutamente todas las áreas corporativas, desde la cadena de suministro hasta la alta dirección, rompiendo los silos funcionales. Finalmente, significa entender que la presión social no es una amenaza que deba ser contenida a toda costa, sino un catalizador para la mejora y un camino para demostrar un compromiso auténtico, convirtiendo la incertidumbre en una ventaja competitiva sostenible. Las empresas que abracen esta visión no solo resistirán mejor la volatilidad, sino que cimentarán una base sólida de legitimidad que es indispensable para operar y crecer en el complejo escenario actual.