Por Redacción - 24 Febrero 2026
El Consejo de Ministros, ha dado un paso determinante al aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público. Esta normativa, que se presenta como una pieza central del Plan de Acción por la Democracia, establece que ningún medio de comunicación podrá recibir más del 35 por ciento de sus ingresos anuales totales a través de la publicidad institucional. La medida no solo pretende modernizar un marco legal que databa de hace dos décadas, sino que aspira a garantizar la viabilidad de un periodismo que no dependa de forma mayoritaria del erario público para su subsistencia diaria.
El espíritu de esta reforma reside en la búsqueda de una transparencia real y una independencia editorial efectiva. Al limitar el peso de los fondos públicos en el balance de cuentas de las empresas informativas, se intenta mitigar el riesgo de que la financiación institucional se convierta en una herramienta de presión o de condicionamiento de la línea editorial. Para muchos observadores de la salud democrática, la excesiva concentración de inversión pública en cabeceras específicas ha generado históricamente un desequilibrio que favorece a ciertos grupos de comunicación en detrimento de otros con menores recursos pero igual relevancia social. Con el nuevo tope del 35 por ciento, el legislador busca fomentar un ecosistema más plural donde la competencia se base en la calidad del contenido y la fidelidad de la audiencia, más que en la capacidad de gestión de convenios con las administraciones.
La implementación de este límite porcentual conlleva desafíos técnicos y administrativos de gran calado. El anteproyecto contempla la creación de un registro estatal de medios, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde las empresas deberán inscribir y actualizar de forma regular su estructura de propiedad y el volumen de fondos públicos percibidos. Esta base de datos se convertirá en el termómetro que permitirá verificar el cumplimiento del tope establecido, obligando a los medios que actualmente superan ese umbral a diversificar sus fuentes de ingresos o a ajustar su dependencia del sector público. Además, la norma prohíbe explícitamente las bonificaciones o descuentos en especie que las agencias de medios pudieran negociar con fondos públicos, cerrando así posibles lagunas que permitían una opacidad difícil de fiscalizar en el pasado.
Más allá de las cifras y los porcentajes, la reforma toca la fibra sensible de la sostenibilidad de los medios locales y regionales, que son a menudo los más vulnerables a estos cambios. Consciente de esta realidad, el Gobierno ha incluido en el texto medidas de apoyo específicas para cabeceras que se editan íntegramente en lenguas cooficiales, intentando equilibrar la exigencia de independencia financiera con la protección de la riqueza lingüística y cultural del país. El debate que ahora se traslada a las Cortes Generales promete ser intenso, pues toca directamente la línea de flotación de un sector que se encuentra en plena transición digital y que ve en la publicidad institucional un balón de oxígeno vital en momentos de incertidumbre económica.
La mirada de Bruselas también ha estado presente en la redacción de este anteproyecto. España adapta con esta ley los principios del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que exige criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios en el reparto de la publicidad oficial. La intención es clara: evitar que el dinero del contribuyente se utilice para premiar a medios afines o castigar a los críticos. Al establecer reglas de juego iguales para todos y mecanismos de control independientes, el sistema informativo español busca fortalecer su credibilidad ante una ciudadanía cada vez más exigente con la veracidad y la ética profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar.
