Por Redacción - 11 Noviembre 2025
La expansión descontrolada de plataformas de venta online de origen asiático, singularmente Shein y Temu, ha planteado un desafío mayúsculo para el sector productivo español y europeo, especialmente en lo referente a la protección de la propiedad intelectual e industrial.
Estas plataformas, caracterizadas por un modelo de ultra fast fashion basado en la rapidez y el bajo coste extremo, se han convertido en auténticos caldos de cultivo para las falsificaciones, haciendo saltar las alarmas de las principales marcas y asociaciones empresariales en España. La situación actual requiere una respuesta reguladora ágil y contundente que, según la voz unánime del sector, debe pasar por el fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La necesidad de un vigilante nacional con capacidad ejecutiva
La petición de la industria a las autoridades españolas es clara y urgente: dotar a la CNMC de facultades ejecutivas que permitan la eliminación inmediata y efectiva de los productos falsificados que se distribuyen masivamente a través de estos gigantes del comercio electrónico.
Esta demanda se fundamenta en la constatación de que las herramientas legales existentes resultan lentas y, a menudo, insuficientes para contrarrestar la velocidad de la infracción en el medio digital. Cuando una marca detecta una falsificación en una de estas plataformas, el proceso de notificación y retirada puede demorarse, permitiendo que miles de unidades se vendan y lleguen a manos de consumidores que, en ocasiones, desconocen estar adquiriendo réplicas ilegales. Al otorgar capacidad de intervención directa a la CNMC, el regulador español podría actuar como un auténtico agente de choque, acortando drásticamente los tiempos de respuesta y minimizando el perjuicio económico.
Esta urgencia se entiende mejor al dimensionar el impacto real de la piratería en las cifras macroeconómicas del país. Los datos manejados por el sector son demoledores. La venta de productos falsificados genera pérdidas anuales que ascienden a 5.700 millones de euros solo en España, una cifra que repercute directamente en la estabilidad laboral, traduciéndose en la destrucción de, aproximadamente, 44.700 puestos de trabajo legítimos.
Estas estadísticas van más allá de un simple conflicto entre marcas; representan un daño profundo al tejido industrial y artesanal de España, minando la innovación y la calidad en favor de la copia ilícita y el lucro a expensas de la creatividad original. La CNMC, con sus competencias actuales en materia de vigilancia de mercados y defensa del consumidor, es la candidata natural para asumir esta responsabilidad, pero necesita un marco legal que le confiera la potestad de "borrar" el contenido infractor, y no solo de sancionar a posteriori.
La legislación europea como marco de acción
A pesar de las carencias en la regulación nacional, el foco regulador a nivel comunitario ya ha establecido las bases para la exigencia de responsabilidad a las grandes plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor para los proveedores de servicios intermediarios en febrero de 2024, supone el paraguas normativo que obliga a estas plataformas a actuar con diligencia. Shein y Temu, clasificadas como Plataformas de Muy Gran Tamaño (Very Large Online Platforms o VLOPs) por superar el umbral de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, están sujetas a los requisitos más rigurosos de la DSA. Esta legislación europea impone la obligación de implementar sistemas de "notificación y acción" eficaces que permitan a las marcas y a los usuarios alertar sobre productos o contenidos ilegales, y que obligan a las plataformas a reaccionar con celeridad para suprimirlos.
Desde mediados de 2024, la Comisión Europea ha mantenido una lupa constante sobre estas plataformas, solicitando información específica sobre las medidas que están aplicando para garantizar el cumplimiento de la DSA, especialmente en lo relativo a la trazabilidad de los comerciantes y la eliminación de productos falsificados. Esta vigilancia, aún activa en noviembre de 2025, subraya la seriedad con la que Bruselas se toma el desafío. Sin embargo, el problema para las marcas españolas reside en la brecha entre la ley europea y la capacidad de ejecución práctica de las autoridades nacionales. Necesitan que el mandato de la DSA se traduzca en una capacidad operativa y directa en el ámbito español, y es ahí donde la CNMC debe ganar peso para garantizar que las obligaciones europeas no se queden en meras declaraciones de intenciones.
Inversión tecnológica y la lucha desigual
Mientras el debate regulatorio avanza lentamente, las marcas no se han quedado de brazos cruzados. Conscientes de que la velocidad de la infracción exige respuestas tecnológicas, un número creciente de compañías ha invertido de manera significativa en sistemas basados en Inteligencia Artificial y machine learning para escanear y detectar de forma automática las copias que vulneran sus derechos de propiedad intelectual en internet.
Estas herramientas son fundamentales para detectar el inmenso volumen de infracciones que se generan a diario, una tarea humanamente imposible. No obstante, esta inversión privada solo puede ser un complemento. La tecnología de detección, por muy avanzada que sea, carece de autoridad para la retirada forzosa de los artículos. La acción humana, traducida en la potestad de un regulador público, es el eslabón indispensable que falta en la cadena de protección. La lucha contra la piratería es, por tanto, una carrera a dos bandas: la innovación tecnológica de las empresas debe estar respaldada por una capacidad sancionadora y ejecutiva por parte del Estado, asegurando que la creatividad española y los empleos que genera no se vean socavados por prácticas comerciales ilícitas amparadas en la lejanía geográfica de las sedes de estas plataformas. La protección del valor de la marca, del diseño y de la confianza del consumidor exige una autoridad nacional que pueda actuar sin dilación cuando la tecnología de detección ha hecho ya su trabajo.
