Por Redacción - 4 Junio 2025
La antesala del verano en España se ha visto empañada por una sofisticada estafa que ha dejado a numerosos ciudadanos sin las anheladas vacaciones y con un significativo perjuicio económico. Miles de usuarios, en su afán por asegurar sus escapadas estivales a través de portales en línea, se encontraron con el cebo de ciberdelincuentes que, operando bajo la fachada de la supuesta agencia 7Vuelos, orquestaron un fraude masivo. Esta situación ha puesto de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los consumidores ante engaños digitales y la imperante necesidad de una mayor diligencia al realizar transacciones en la red.
FACUA-Consumidores en Acción ha sido la organización clave en la revelación de este timo, denunciando formalmente ante la Fiscalía General del Estado las operaciones fraudulentas de sietevuelos.com. La web, ya clausurada, atrajo a sus víctimas mediante la promesa de paquetes vacacionales con precios inusualmente bajos a destinos internacionales como Nueva York, Tokio o Dubái, a menudo superando los 1.000 euros por transacción. La particularidad de esta estafa radica en la promoción activa por parte de un nutrido grupo de "influencers" con millones de seguidores en plataformas como Instagram, incluyendo nombres como Teresa Andrés, Adara Molinero, Nagore Robles y Oriana Marzoli, quienes amplificaron la oferta antes de que la naturaleza fraudulenta del sitio saliera a la luz.
La operativa de 7Vuelos se basaba en la apariencia de una agencia acreditada por la IATA, un detalle engañoso dado que dicha organización solo agrupa a aerolíneas.
Además, la página carecía de la información básica obligatoria que exige la legislación española para el comercio electrónico, como un teléfono de contacto, el nombre de la empresa responsable y su NIF, deficiencias que debieron haber levantado sospechas. Decenas de afectados denunciaron no haber recibido ni los billetes de avión ni las reservas de hotel tras realizar sus pagos, lo que los impulsó a contactar con organizaciones de consumidores y a denunciar ante las autoridades. Este caso ha generado un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido digital y sus agencias de representación en la verificación de las campañas que promocionan, dado el inmenso alcance e influencia que ejercen sobre sus audiencias.
A raíz de la estafa, muchas de las "influencers" involucradas eliminaron las publicaciones promocionales y algunas, como Adara Molinero, han intentado desvincularse de la responsabilidad, señalando a sus agencias por no haber verificado la legalidad de la marca. No obstante, la experiencia de Izarbe, una de las afectadas que invirtió en un viaje a Nueva York tras ver la promoción de la "influencer" AquíSandra, subraya la profunda repercusión personal de estos fraudes. Ella y su pareja crearon un perfil para agrupar a los damnificados, evidenciando que la estafa afectó a al menos 50 personas promocionadas por más de 40 "influencers" diferentes, incluso después de que circularan rumores sobre la fiabilidad de la plataforma. Este incidente ha impulsado el desarrollo de nuevas regulaciones para los creadores de contenido, como el Real Decreto 444/2024 y el anteproyecto de la ley del derecho de rectificación, que buscan equiparar su responsabilidad con la de los medios de comunicación tradicionales en cuanto a publicidad y veracidad de la información.
La responsabilidad ética de los creadores de contenido
La responsabilidad ética de quienes crean contenido en redes sociales va mucho más allá de evitar la promoción de fraudes. También implica cuestionarse ciertas prácticas que, aunque no sean ilegales, pueden resultar moralmente reprobables. Un ejemplo reciente que ha reavivado este debate ocurrió en abril, cuando la influencer Elena Gortari fue duramente criticada por compartir un video en el que simulaba ser víctima de acoso. En la grabación, publicada en TikTok e Instagram —donde suma más de dos millones de seguidores entre ambas plataformas—, aparece visiblemente afectada, afirmando que un hombre conoce detalles personales sobre ella, como su domicilio o el coche que conduce, y que incluso lleva una foto suya como fondo de pantalla.
Mientras algunas creadoras de contenido han intentado brindar apoyo real en situaciones delicadas, otras, como Marina García, han sido cuestionadas por no cumplir con las ayudas que habían prometido públicamente. Todo esto pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar los principios éticos que rigen la publicidad digital y los contenidos que circulan en redes sociales. No se trata solo de combatir el fraude, sino también de evitar que temas sensibles, como el acoso, sean utilizados como entretenimiento o estrategia de visibilidad. La confianza del público en los influencers está en entredicho, y garantizar la protección del consumidor debe convertirse en un principio esencial dentro de este entorno en permanente transformación.
