Texas acusa a fabricantes como Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL de utilizar en sus televisores inteligentes, patrones oscuros para robar datos

La oficina del Fiscal General de Texas, liderada por Ken Paxton, ha lanzado una ofensiva legal sin precedentes contra cinco de los fabricantes de televisores inteligentes más grandes del mundo: Sony, Samsung, LG, Hisense y TCL. Las demandas, presentadas apenas esta semana de diciembre de 2025 en tribunales estatales, acusan a estas corporaciones de convertir los dispositivos de entretenimiento doméstico en sofisticados sistemas de vigilancia masiva, violando de manera flagrante las leyes de protección al consumidor y los derechos fundamentales a la privacidad de millones de ciudadanos. El caso sitúa el debate sobre la recolección de datos en el centro del hogar, argumentando que estos aparatos no son meros receptores pasivos, sino herramientas incesantes de espionaje que operan con fines lucrativos. La contundencia del reclamo inicial del estado es innegable: los televisores inteligentes, al decir de Paxton, constituyen un sistema de vigilancia operando en millones de salas de estar estadounidenses, una descripción que humaniza el impacto de la tecnología sobre la intimidad personal.

El ojo omnipresente de la tecnología de reconocimiento automático de contenido

El corazón de esta controversia reside en la tecnología de Reconocimiento Automático de Contenido, conocida por sus siglas en inglés como ACR. Esta herramienta va mucho más allá de simplemente registrar qué aplicación de streaming se está utilizando. Las alegaciones apuntan a que, una vez activada, la función ACR monitorea y registra en secreto absolutamente todo lo que el consumidor observa en su pantalla, abarcando desde programas de televisión por cable y contenido transmitido por plataformas digitales, hasta el uso de consolas de videojuegos y reproductores de Blu-ray conectados. La recopilación es exhaustiva y continua, transformando el perfil de visionado de cada individuo en un activo comercial altamente detallado. La demanda contra Sony, por ejemplo, sostiene que esta práctica es completamente deliberada: se cosecha la información, se construyen perfiles detallados del comportamiento de los consumidores y luego se vende esta valiosa inteligencia de mercado para obtener beneficios económicos. Esta descripción legal pinta un cuadro sombrío donde la sala de estar, tradicionalmente un santuario personal, se convierte en una terminal de datos abierta a la explotación corporativa, elevando la cuestión de la confianza en los artefactos digitales que hemos invitado a nuestros espacios más privados.

La arquitectura del engaño digital y los patrones oscuros

Una de las imputaciones más graves de la Fiscalía de Texas se centra en el uso de lo que se conoce como "patrones oscuros". Este término describe las interfaces de usuario diseñadas intencionadamente para manipular y confundir a los consumidores, empujándolos a aceptar la recopilación de datos, o al menos dificultando al máximo la opción de rechazo. Según el expediente, existe una filosofía de diseño de "vigilancia por defecto" que alinea los intereses comerciales de las empresas con la necesidad de obtener el consentimiento del usuario de forma subrepticia.

Para ilustrar esta práctica, la demanda señala que si bien Samsung proporciona una opción de inscripción de un solo clic para el ACR durante la configuración inicial del televisor, la exclusión o revocación de ese consentimiento requiere más de quince clics dispersos a través de múltiples menús. Esta diferencia abismal en la experiencia de usuario constituye una táctica engañosa que anula cualquier noción de consentimiento informado y voluntario, socavando la capacidad del ciudadano para ejercer control sobre su propia información. La desproporción en los pasos necesarios para optar por la privacidad revela una estrategia corporativa clara de maximizar la recolección de datos a costa de la transparencia.

La tergiversación no se limita a la complejidad de los menús; también afecta la nomenclatura empleada por los fabricantes. LG, por ejemplo, presuntamente denominó a su programa de recolección de datos ACR como "Acuerdo de Información de Visualización". La demanda argumenta que esta etiqueta suave y ambigua no alerta en modo alguno a los consumidores sobre la verdadera naturaleza de la actividad que están habilitando. El texto legal expone la alarmante realidad de lo que este acuerdo permite: la captura continua en tiempo real de cada sonido e imagen en el televisor inteligente, con una frecuencia de diez milisegundos.

Esta descripción técnica revela la profundidad de la intrusión, demostrando que la práctica va mucho más allá de un simple conteo de títulos vistos. El objetivo real es la monitorización granular del comportamiento, lo cual es fundamental para refinar la publicidad dirigida y la construcción de segmentos de audiencia de alto valor para los anunciantes. Esta falta de honestidad nominal actúa como un velo que oculta la magnitud real del proceso de vigilancia, haciendo que la aceptación inicial sea casi inevitable para un usuario promedio.

La monetización del comportamiento y la defensa de la soberanía informativa

Las acciones legales presentadas por Ken Paxton alegan que los fabricantes están en violación directa de la Ley de Protección al Consumidor de Texas por omitir una divulgación adecuada de sus prácticas de recolección de datos y por obtener el consentimiento de manera engañosa. Además, el Fiscal General ha comunicado su intención de actualizar las demandas para incluir violaciones a la ley estatal de privacidad, salvo que las compañías rectifiquen las supuestas infracciones en un plazo de treinta días.

Este movimiento legal representa un esfuerzo crucial para responsabilizar a las empresas por la opacidad de sus modelos de negocio, donde el hardware vendido a los hogares no solo proporciona entretenimiento, sino que actúa como una fuente constante y oculta de ingresos a través de la intermediación de datos personales. La defensa de la soberanía informativa se vuelve prioritaria en la era de los dispositivos conectados, donde cada interacción se capitaliza. Este modelo de negocio, basado en el arbitraje de la atención y el comportamiento de los usuarios, es lo que Texas busca desmantelar, forzando a las corporaciones a optar por la transparencia total o enfrentar sanciones significativas bajo el peso de la ley. La implicación de que la tecnología de consumo se financia a través de la vigilancia es un desafío directo a la noción tradicional de compra y propiedad, poniendo en tela de juicio el valor real de los productos digitales de hoy.

Este litigio no es el primero en abordar la oscuridad de la vigilancia a través de las pantallas domésticas. Hace más de una década, la compañía Vizio enfrentó una demanda colectiva similar por compartir datos de visualización de video con brokers y empresas de tecnología publicitaria. Ese caso culminó en 2019 con un acuerdo de diecisiete millones de dólares y la obligación para Vizio de mostrar avisos en pantalla sobre la recolección de datos, además de simplificar los procedimientos de aceptación o rechazo.

Previamente, en 2017, la compañía había pactado pagar dos punto dos millones de dólares para resolver cargos de privacidad presentados por la Comisión Federal de Comercio y el estado de Nueva Jersey. La reiteración de estos casos, a pesar de los precedentes, subraya la persistencia del desafío: las compañías han continuado integrando la vigilancia como una función central de sus productos, obligando a los entes gubernamentales a intervenir de forma enérgica para reestablecer la confianza y la legalidad en el espacio digital más íntimo. La postura de Texas, por su escala y enfoque en los gigantes tecnológicos, podría sentar bases sólidas para redefinir el estándar de transparencia y consentimiento en toda la industria de dispositivos inteligentes, marcando potencialmente un antes y un después en cómo se diseñan y venden los artefactos de la vida cotidiana.