Por Redacción - 26 Junio 2025

El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, se prepara para introducir una regulación significativa en el ámbito de la publicidad, enfocándose en lo que se ha denominado la "publicidad del miedo".

Esta iniciativa, que se materializará a través de la inminente Ley de Consumo Sostenible, busca contrarrestar las tácticas publicitarias que explotan la ansiedad y el temor del consumidor, especialmente aquellas empleadas por empresas de seguridad que, en su afán por promocionar sus servicios, recurren a mensajes alarmistas sobre robos o posibles ocupaciones de viviendas. La esencia de esta medida radica en la protección del consumidor frente a mensajes que, a menudo, manipulan emociones y distorsionan la percepción del riesgo real.

La preocupación del Ministerio radica en cómo esta forma de publicidad, si bien puede contener elementos de verdad, construye escenarios extremos e improbables, presentándolos como una realidad inminente para inducir una sensación de vulnerabilidad o urgencia. Esta estrategia busca impulsar decisiones de compra precipitadas, desinformadas y, en última instancia, basadas en el pánico, socavando así la libertad de elección y el bienestar psicológico de los individuos. El objetivo es claro: fomentar un entorno publicitario que priorice la objetividad y la información veraz sobre los beneficios genuinos de un producto o servicio, en lugar de apelar a la manipulación emocional.

Además de las repercusiones individuales, Consumo ha manifestado su inquietud por el impacto social más amplio de esta publicidad. Argumentan que al recurrir a estas prácticas, las empresas contribuyen a la creación de una cultura de miedo generalizada, lo que lleva a una percepción de que los entornos cotidianos son inherentemente peligrosos. Esta atmósfera de desconfianza e inseguridad puede deteriorar la calidad de vida de las personas y, paradójicamente, desviar recursos hacia servicios innecesarios o desproporcionados en relación con el riesgo real que enfrentan. La regulación busca un equilibrio en el mercado, promoviendo una comunicación ética que anteponga la transparencia y el respeto al consumidor, construyendo una percepción más sana y realista sobre la seguridad.

Para lograr estos objetivos, la Ley de Consumo Sostenible modificará la Ley de Competencia Desleal. La reforma se centrará en el Artículo 27.2, referente a "otras prácticas engañosas", y exigirá a las empresas que empleen la exposición a un riesgo o peligro como argumento principal de persuasión comercial que incorporen, de manera visible y adaptada al medio, información complementaria de carácter cuantitativo o estadístico.

Esta información permitirá al consumidor o usuario valorar la frecuencia, el impacto relativo o la proporción de dicho riesgo, brindando una base más sólida y racional para la toma de decisiones. Esta modificación busca una mayor transparencia y empoderamiento del consumidor, permitiéndole discernir el riesgo real frente a la amplificación manipulada.

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